La Cadena Ser dice que el Parlamento y los 27 han decidido incluir en el Paquete Eurocom que se vota el 5 de mayo la propuesta francesa de cortar la conexión por un tiempo a quien haga descargas ilegales, sin necesidad de autorización judicial. Aunque luego sí se pueda recurrir a los tribunales.

Estas propuestas no tienen ningún sentido.
Partamos del siguiente supuesto:
¿cuantos usuarios de internet tienen en sus hogares redes wifi con cifrado WEP que han sido hackeadas por vecinos?
¿cuantos usuarios de internet no saben que es wifi ni wep, pero tienen el wifi encendido y abierto?
¿Cuantos usuarios de internet no saben que tienen su red hackeada?

¿A cuantas personas les van a cortar internet porque sus vecinos estén descargando contenidos “ilegales” ?
¿Como se demuestra esto?
Va a ir un perito informático a revisar mis equipos y direcciones MAC. Pueden alegar que ese equipo lo he retirado antes de la visita. En ese caso lo lógico es que contacten con el fabricante de la mac y tracen como y donde se vendió ese equipo o tarjeta de red, esperando encontrar a la persona que ha realizado la descarga y dejando libre de cargos al pobre usuario que solo sabe que MAC es una empresa que vende el iphone y ordenadores blancos muy caros.

¿Se vá a denunciar a las operadoras de internet por proveer configuraciones débiles y routers con protocolos de seguridad que se ha demostrado con creces que son vulnerables y que hasta un niño de 10 años (por decir una edad) pueden saltarse?

Porque si a mí, como usuario me cortan internet por ejemplo, como a miles de usuarios, no tardaré más de un día en dar de baja el servicio en Telefónica, Jazztel, Orange o la que toque en ese momento.

Y aquí empieza el primer conflicto de intereses, si la gente al producirse el corte deja de pagar el servicio, ¿a las operadoras las interesa delatar al gran porcentaje de usuarios que usan estos programas? Yo creo que no, y menos en el momento en el que estamos.
La gente ya puede ver el email, prensa, redes sociales y contenidos básicos en el trabajo.

En resumen, no hay un marco ni procedimientos de calidad para implantar con garantías esta resolución en caso de que se apruebe a nivel europeo y por lo tanto en España.